El temor a la quiebra del sistema financiero en los primeros momentos de la crisis indujo a la intervención coordinada de distintos bancos centrales de los que partieron diversas iniciativas. Con el objeto de estimular la demanda agregada, estas medidas fueron acompañadas por políticas de estímulo fiscal que han ensanchado el déficit público en la mayoría de los países y, considerablemente, en España, cuya economía no sólo se ha visto gravemente afectada por la crisis financiera internacional sino, también, por diversas crisis internas. El elevado peso del sector de la construcción, el alto nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas, la pérdida de competitividad o la escasa dotación en I+D+i, junto con la inestabilidad del sistema financiero, han tenido consecuencias devastadoras sobre la economía española y sobre el empleo.
La defensa de la libertad es un concepto global que debe manifestarse conjuntamente en los ámbitos civil, político y económico. El elemento central de la libertad económica es la capacidad de elegir. Libertad económica es sinónimo de mercado libre, cuyo modelo se ha puesto, injustamente, en tela de juicio tras el estallido de la crisis financiera internacional. La crisis económica mundial ha sido el acontecimiento económico más importante de los últimos treinta años, no sólo por la magnitud cuantitativa y geográfica de la misma, sino también por la particularidad de su origen, que conjuga elementos tradicionales con otros resultantes de la Globalización y de la innovación financiera. Dentro del marco mundial, se ha de destacar que las políticas anticíclicas de gasto público no han funcionado positivamente dentro de una economía abierta, porque no han servido de estímulo para la demanda interna, como algunos esperaban. Asimismo, no es nada recomendable una política proteccionista en medio de una guerra de divisas, pues incrementaría aún más la duración de esta crisis. Por tanto, en una economía global, es imprescindible potenciar las políticas de oferta para mejorar la competitividad, lo que incrementaría el potencial exportador.
Con respecto a España, las políticas anticíclicas de gasto público han significado un auténtico despilfarro, encabezado por el famoso Plan E, que ha costado 13.500 millones de euros, o los 400 euros en el IRPF, con un coste cercano a los 600 millones. En estos momentos lo que se debería hacer con premura es acometer un severo recorte del gasto público consolidado en unos 50.000 millones de euros hasta 2013, lo que significaría una reducción del déficit público de 5 puntos. Se impone una reforma profunda de la sanidad, la educación y, muy especialmente, de las pensiones. Otro punto pendiente es una reforma del mercado de trabajo en profundidad, que facilitase una mayor flexibilidad en el seno de las empresas y que ayudase a incrementar la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores, además de tenerse que ajustar la negociación colectiva a las circunstancias de la coyuntura económica. Asimismo, es imprescindible incrementar el potencial de crecimiento mediante una reforma de calado del mercado de trabajo que priorice la flexibilización del mercado, en aras de facilitar el ajuste entre la oferta y la demanda. Por otro lado, es necesaria la potenciación del capital humano a través de la adaptación de la formación y del sistema educativo a las nuevas tecnologías y el estímulo de la innovación con el fin de mejorar la productividad y la competitividad; efectos que no serían apreciables de forma inmediata, pero que podrían combinarse con medidas beneficiosas y con repercusiones a corto plazo, como es la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del empleador. El diseño de una nueva política energética adecuada y orientada a asegurar el suministro contribuiría a mejorar la competitividad, apostando por la diversificación de las tecnologías y de los recursos energéticos disponibles para conseguir la combinación productiva óptima que ayudase a mejorar nuestra competitividad y que favoreciese la garantía de suministro energético.
El sector exterior español ha estado marcado por una pérdida de competitividad con los países de la zona euro desde la adopción de la moneda única. Se debería insistir en la potenciación del capital humano, del capital físico y del capital tecnológico, junto con las medidas que mejorasen la eficiencia mediante el fomento de la competencia en los sectores portuarios o del transporte de mercancías por carretera. También contribuirían positivamente aquellas políticas que disminuyeran las trabas y los largos trámites para la creación de las empresas, que fomentasen la competencia y fortalecieran nuestro mercado interior. Se ha de seguir fomentando la internacionalización de las empresas, concentrando esfuerzos en la supresión de las barreras que limitan el libre comercio e impulsando la inversión extranjera para que puedan apreciarse los beneficios que ofrece un sector exterior dinámico.
Es necesario, por tanto, acometer reformas que impulsan la productividad y la competitividad como garantes de un crecimiento económico más intenso y sostenible, lo que además permitiría generar la confianza de los mercados, con lo que se reduciría, consecuentemente nuestra presencia en el peligroso club de los gypsies.
www.larazon.es
