Uno de los días más importantes para estas instituciones, y ellas sin enterarse. El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España no conocía que el presidente del Gobierno iba a anunciar en el Congreso de los Diputados una medida por la cual «se eliminará la obligatoriedad a todas las empresas de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio», lo que podría suponer en la práctica que estas corporaciones de derecho público perdieran su principal fuente de ingresos, las cuotas que deben pagar empresas y autónomos de forma obligatoria y que, según el presidente, supondrán un ahorro al suprimirse «de 250 millones al año», unos ingresos que previsiblemente dejarían de ingresar las 88 cámaras de comercio.
Ayer habían pedido medidas
Curiosamente, ayer día 30 de noviembre las cámaras se reunieron en su último pleno del año y pidieron al Gobierno acometer con urgencia las «inaplazables y urgentes» reformas y medidas anunciadas para salir de la crisis, entre las cuales el Ejecutivo estaba planificando una que les afectaba directamente a ellas.Fuentes de las cámaras aseguran que no pueden dar más información ni valorar la situación porque se han enterado cuando lo ha dicho el presidente. «Había una enmienda en la que se proponía que los autónomos dejaran de pagar a las cámaras, cosa que ya no hacen en su inmensa mayoría». Pero en vez de encontrarse con una medida sólo para autónomos, han visto como Zapatero la extiende a todas las empresas, por lo que muchas de las cuales difícilmente pagarán su cuota si no es obligatoria como hasta ahora.
Instituciones centenarias
Las cámaras se financian por el recurso cameral permanente, una variable que paga la empresa por el Impuesto de Actividades Economícas y el IRPF y el Impuesto de Sociedades y el IAE por parte de las sociedades. Los que no den beneficios quedan exentos, según fuentes de las cámaras en 2009 más del 53% de 3,6 millones de empresas que tienen censadas. «Más del 90% de las empresas o no pagan o pagan 100 euros al año».
Varias asociaciones de autónomos ya se han apresurado a celebrar esta medida del Gobierno que podría poner en tela de juicio la supervivencia de instituciones que tienen una historia de más de cuatro siglos en países como Francia o Bélgica y que en España se generalizaron desde el siglo XIX.
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