La estabilidad presupuestaria y la reducción del peso del sector público fueron una obsesión para el gobierno de José María Aznar, que ya durante la primera legislatura (desde el año 1996 al año 2000) logró reducir del 47% al 40% del PIB el gasto del conjunto de las administraciones.En los cuatro años siguientes, el gasto se mantuvo en el entorno de ese 40%, que Rodríguez Zapatero, cuando se presentó a las elecciones —tanto en 2004 como en 2008— se comprometió a no superar.
Y lo consiguió durante la primera legislatura, no tanto por un estricto control del gasto estatal, que año tras año crecía en torno al 6% o el 7%, frente al entorno del 4% de incremento con los gobiernos del PP, sino por el dinamismo económico. De ahí que entre 2004 y 2006 el peso del gasto público llegara a reducirse al 38,5% del PIB. En 2007, ya en vísperas de las elecciones, las primeras medidas de carácter totalmente electoral, como el cheque bebé, o la renta de emancipación para los jóvenes que alquilasen una vivienda provocaron un ligero repunte del gasto, que cerró ese ejercicio en el 39,2% del PIB, siete décimas más que en el ejercicio anterior, pero nada comparado con lo que se avecinaba.
La combinación de la recesión más larga de la historia reciente de España, con medidas electorales, medidas anticrisis y estabilizadores automáticos se convirtió en una mezcla explosiva que disparó el gasto público y su peso en el conjunto de la economía. Y es que estrenamos 2008, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero todavía negaba la existencia de la crisis, con medidas como la deducción de 400 euros en el IRPF (que detrajo 6.000 millones anuales a las arcas públicas); o la supresión del Impuesto del Patrimonio (1.800 millones). A estos gastos, unimos unos meses después los famosos planes anticrisis: obra pública municipal por 8.000 millones en 2009 o 5.000 en 2010; planes de ayuda a la compra de automóviles; ordenadores para los niños de 5º de Primaria y un largo etcétera que convirtió a España en uno de los países que más dinero gastó en este tipo de medidas. Por último, la propia crisis y la destrucción casi masiva de puestos de trabajo, cerca de dos millones desde finales de 2007, ha disparado los gastos para pagar las prestaciones por desempleo y los pagos por intereses de la deuda.

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